CCAR, con el cierre de los CIEs
15/06/2017
La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) rechaza el internamiento de personas migrantes por el mero hecho de cometer una infracción administrativa, comparable a una sanción de tráfico.
Actualmente existe una utilización desproporcionada y un abuso del internamiento de personas migrantes en los CIE. Aunque la ley establece que el internamiento en un CIE debe ser una medida excepcional una vez agotadas las medidas alternativas, este carácter excepcional no se está aplicando. Se constata el internamiento reiterado de personas procedentes de países a los que su expulsión es inviable, lo cual además hace del internamiento una medida ineficaz.
Durante 2015, de las personas internadas en los CIE solo fueron expulsadas de España un 41%, lo que pone en evidencia el fracaso del modelo, ya que se trata de un instrumento del estado para garantizar la expulsión de personas en situación irregular. Además de su ineficacia, CEAR ha constatado que existe una clara vulneración del Reglamento de los CIE y su régimen interior que viene dada por un incumplimiento sistemático de los derechos y garantías previstos.
Existe una desigualdad en la prestación de recursos asistenciales de manera uniforme en los diferentes centros: dotación médica, asistencia social, asistencia jurídica o infraestructuras que posibiliten las visitas externas, las cuales no están habilitadas en todos los CIE de forma ecuánime. Tampoco se garantiza de forma homogénea la información que reciben los internos sobre protección internacional ni se garantiza en todos por igual el acceso al procedimiento de asilo.
En ese contexto, CCAR lleva años reivindicando que se garantice el acceso a la Protección Internacional en todos los Centros de Internamiento, y exigiendo transparencia y el escrupuloso respeto de los derechos de las personas internadas.
Ante la vulneración de derechos fundamentales que se producen en los CIE, nuestras propuestas son las siguientes:
Actualmente existe una utilización desproporcionada y un abuso del internamiento de personas migrantes en los CIE. Aunque la ley establece que el internamiento en un CIE debe ser una medida excepcional una vez agotadas las medidas alternativas, este carácter excepcional no se está aplicando. Se constata el internamiento reiterado de personas procedentes de países a los que su expulsión es inviable, lo cual además hace del internamiento una medida ineficaz.
Durante 2015, de las personas internadas en los CIE solo fueron expulsadas de España un 41%, lo que pone en evidencia el fracaso del modelo, ya que se trata de un instrumento del estado para garantizar la expulsión de personas en situación irregular. Además de su ineficacia, CEAR ha constatado que existe una clara vulneración del Reglamento de los CIE y su régimen interior que viene dada por un incumplimiento sistemático de los derechos y garantías previstos.
Existe una desigualdad en la prestación de recursos asistenciales de manera uniforme en los diferentes centros: dotación médica, asistencia social, asistencia jurídica o infraestructuras que posibiliten las visitas externas, las cuales no están habilitadas en todos los CIE de forma ecuánime. Tampoco se garantiza de forma homogénea la información que reciben los internos sobre protección internacional ni se garantiza en todos por igual el acceso al procedimiento de asilo.
En ese contexto, CCAR lleva años reivindicando que se garantice el acceso a la Protección Internacional en todos los Centros de Internamiento, y exigiendo transparencia y el escrupuloso respeto de los derechos de las personas internadas.
Ante la vulneración de derechos fundamentales que se producen en los CIE, nuestras propuestas son las siguientes:
- Apuesta por un escenario en el que el internamiento de personas extranjeras que no han cometido ningún delito no tenga cabida.
- Propone el cierre y desmantelamiento inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros existentes y la paralización de la construcción de los nuevos centros proyectados.
- Exige que como alternativa al internamiento se hagan uso de aquellas medidas cautelares, previstas en la Ley de Extranjería 4/2000, que no conllevan privación de libertad con el cumplimiento de todas las garantías legales, respetándose el derecho de asilo, el derecho a vivir en familia, el interés superior del menor, en definitiva el respecto a la dignidad humana y todos los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
