CCAR denuncia que España empieza el año exigiendo visado de tráfico a las personas de Yemen

• Nuestro país se convierte junto a República Checa en los únicos países que imponen este requisito a una nacionalidad que es merecedora de protección internacional.

• CCAR lamenta que el Gobierno español imponga políticas que dificultan las vías de llegada legales y seguras a quienes huyen de la guerra.

Desde el pasado 1 de enero, España requiere un visado de tráfico aeroportuario (ATV por sus siglas en inglés) a personas de Yemen, un requisito que los imposibilitará acceder a un lugar fronterizo en aeropuertos españoles en los cuales puedan formalizar su solicitud de asilo de manera legal y segura.

Esta medida a que personas que tienen que huir de una de las guerras más sangrientas de este siglo tengan que arriesgar sus vidas para poder encontrar en nuestro país. El año pasado CEAR-CCAR atendió 454 personas de esta nacionalidad, de las cuales 166 solicitaron asilo en el aeropuerto de Barajas y 288 a Melilla.

Durante 2019, en la ciudad autónoma ya se registraron llegadas de yemeníes en patera, circunstancia que fue denunciada por CCAR después de la muerte del medallista Helal Aljaj en un naufragio cerca de costas melillenses.
Además, se vuelve a dar la grave contradicción de que se trata de una de las nacionalidades con mayor grado de reconocimiento de protección internacional en España. Se da la misma situación que hace un año, cuando se impuso el visado de tráfico a personas de origen palestino. De hecho, nuestro país se convertirá junto a República Checa en los únicos del espacio Schengen a exigir este requisito a los yemeníes.

Más de 2 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que empezó la guerra de Yemen en 2015. Un conflicto que la ONU considera que ha provocado la peor crisis humanitaria de este siglo. CCAR lamenta que el Gobierno español imponga políticas que dificultan las vías de llegada legales y seguras para un colectivo que es merecedor de protección internacional, tal como vienen reconociendo mayoritariamente las autoridades españolas en los últimos años. Con este hecho, igual que hizo con las personas de Siria, Camerún, Gambia, Mali y Palestina, se vuelve a posar un nuevo y peligroso obstáculo al acceso al derecho de asilo a nuestro país.