Comunicado con motivo del primer aniversario de la llegada de la Open Arms a Barcelona

• La entidad denuncia que en este último año la llegada de barcos de salvamento marítimo provenientes del Mediterráneo Central a costas europeas ha estado muy baja, a causa de las prohibiciones de salvar personas que intentan llegar a Europa por parte de los gobiernos europeos.

• La CCAR pide que se adopte de manera urgente un protocolo de desembarco seguro y predecible, que garantice que ninguna persona pueda ser devuelta en un país en el cual su vida corra peligro, en cumplimiento con el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra.

• (Barcelona, 4 de julio de 2019).

• Hoy hace un año, el barco del ONG catalana Open Arms atracaba a Barcelona con 60 personas rescatadas ante la costa de Libia. El barco llegó con el visto bueno del gobierno español, que accedió a acogerlo ante la negativa de su homólogo italiano. Las personas fueron atendidas por las entidades del territorio, entre ellas, la CCAR.

• La CCAR quiere denunciar que actualmente una operación de este tipo, en iguales condiciones, no sería posible. El 8 de enero de este año el gobierno español ya había bloqueado los barcos españoles de las ONG de salvamento marítimo Open Arms y Aita Mari, dejando a su suerte miles de personas que necesitan. Actualmente, el Ministerio de Fomento amenaza con multas que van desde el 300.000 a los 900.000 euros al Open Arms si rompe el bloqueo y hace operaciones de salvamento marítimo sin previa autorización de la autoridad responsable de la región de busca y salvamento.

• No obstante, los derechos humanos y el derecho a la vida tendrían que prevalecer. Recordamos que el año pasado el Mediterráneo volvió a ser la ruta más mortal del planeta, con al menos 2.299 vidas perdidas en sus aguas, de ellas, más de 800 de personas que buscaban llegar a costas españolas.

• Por eso la CCAR reclama en el gobierno que recupere el espíritu del Aquarius y que deje de poner obstáculos al rescate marítimo, y de implementar las políticas migratorias de las concertinas y las devoluciones en caliente.

• Las organizaciones de rescate, que hace un año tenían aproximadamente unos 10 barcos en el mar para intentar evitar las muertes de las personas que huyen de varios países, tienen que dejar de ser criminalizadas por el solo hecho de defender la vida.

• La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado también pide que se adopte de manera urgente un protocolo de desembarco seguro y predecible. Los Estados tienen que garantizar los recursos necesarios para cumplir con el deber internacional de socorrer a personas que se encuentran en peligro al mar para posteriormente trasladarlas al puerto seguro más próximo, conforme al Principio de No Devolución recogido en la Convención de Ginebra de 1951 que prohíbe en los Estados expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el cual su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el cual pudiera sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes, como es el caso de Libia.