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El Estado Español tiene que garantizar la protección de las personas malienses que soliciten asilo o que se encuentren en territorio español.

La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado insta el gobierno español a cumplir con sus responsabilidades internacionales y hace un llamamiento a las partes en conflicto para que mantengan al margen de la violencia a la población civil.
A la CCAR le preocupa enormemente que la intervención militar internacional en Malí, con el consiguiente recrudecimiento del conflicto armado que sufre el país subsahariano, agrave la situación de desplazamiento forzado y de crisis humanitaria que llanura sobre la región.
A las más de 400.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares, entre desplazadas internas y refugiadas en terceros países cercanos, se pueden sumar varias decenas de miles en los próximos días.

Por este motivo, la CCAR hace un llamamiento a las partes en conflicto para que mantengan a la población civil al margen de sus operaciones militares y garanticen que llegue ayuda humanitaria a aquella población que la necesite. A su vez, la CCAR exige el máximo respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran atrapadas en las zonas en conflicto.
Sobre las responsabilidades de nuestro país en cuanto a la protección de las personas de origen maliense que se encuentren en nuestro territorio o traten de acceder a él, la CCAR insta el Gobierno español a:
– Paralizar las posibles expulsiones de personas nacionales de Malí que se encuentren en situación de irregularidad administrativa.
– Facilitar el acceso al procedimiento de asilo de las personas procedentes de las zonas en conflicto de Malí a las zonas fronterizas españolas (aeropuertos, puertos y Ceuta y Melilla) y en territorio nacional.
– Conceder protección internacional subsidiaria a aquellas personas solicitantes de asilo que no reúnan los requisitos para ser consideradas refugiadas, pero por quienes el retorno en Malí implicaría serios riesgos para su vida o su integridad física.