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El projecte SUN treballa per la salvaguarda dels drets dels infants no acompanyats per mitjà de l’ús de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

 

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Visita Bulgària del projecte SUN

 

El 12 i 13 d’abril hem estat a Bulgària per abordar la situació dels i les menors sense referents familiars a territori europeu que son potencialment o de facto refugiats. Aquesta és una realitat molt invisibilitzada a Catalunya i a l’estat espanyol.

 

Des del projecte SUN i des de les entitats que en formem part continuem treballant teixint aliances pel seu reconeixement.

 

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Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado: Política de protección de la infancia

Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado: Política de protección de la infancia

English version below

Introducción a la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.

Nuestra organización.

La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (en adelante, CCAR) es una organización no gubernamental fundada en 2004. El principal objetivo de la entidad es proteger a las personas desplazadas forzosamente con necesidades de protección internacional que solicitan asilo en Cataluña.

Nuestra principal misión es asegurar la protección del derecho de asilo y los derechos de las personas refugiadas, así como los de las personas migrantes. En consecuencia, proveemos atención y acogida integral para personas solicitantes de asilo y refugiadas a lo largo del territorio catalán, poniendo el foco en la promoción de su autonomía e inclusión, especialmente en el ámbito local.

Nos describimos como una organización humanitaria, independiente, plural y basada en el voluntariado. Nuestros valores son el respeto y el compromiso con la justicia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, la independencia, la pluralidad y la transparencia.

Para alcanzar dichos objetivos, nuestra entidad gestiona diferentes programas que tienen por finalidad ofrecer una respuesta global e integral a las dificultades derivadas del proceso migratorio. Esta labor la desarrollamos a través de dos líneas de acción principales:

  1. La asistencia y acogida de personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes a través de programas sociales, jurídicos y ocupacionales.
  2. La protección de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes a través de actividades de sensibilización, incidencia y fomento de la participación política y social.

El personal laboral y las personas voluntarias vinculadas a la CCAR tienen el compromiso firme de proteger a la infancia ya los y las jóvenes que constituyen su colectivo de atención de cualquier tipo de abuso o del riesgo de sufrirlo.

La CCAR trabaja directamente con familias solicitantes de asilo y refugiadas que se encuentran acogidas en los dispositivos que la entidad gestiona en Cataluña, así como con sus menores a cargo. Asimismo, nuestros y nuestras abogadas proveen asistencia jurídica especializada en relación con el procedimiento de asilo en el Estado español. Entre este colectivo, nuestra organización se centra específicamente en proveer asistencia jurídica para menores extranjeros sin referentes familiares solicitantes de asilo en Cataluña.

Nuestro compromiso con la protección de la infancia.

En nuestra labor cotidiana con menores extranjeros acompañados y no acompañados con necesidades de protección internacional, nuestra entidad mantiene un compromiso firme con la defensa del interés superior del menor y la promoción del acceso a la protección internacional para los menores acompañados y no acompañados con necesidades de protección internacional que se encuentran en Cataluña. Así, nuestras actividades se basan en los principios detallados a continuación:

  • El compromiso con la protección del interés superior del menor.
  • La protección de la infancia de cualquier trato cruel, inhumano o degradante, así como cualquier otra violación de sus derechos humanos fundamentales.
  • La garantía de no discriminación de la infancia en base a su etnia, sexo, lengua, religión, opiniones políticas, origen étnico, nacional o social, propiedad, nacimiento, diversidad funcional u otras causas análogas, tal y como lo estipula la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas (artículo segundo).
  • El compromiso con la defensa de los menores acompañados y no acompañados solicitantes de asilo o a quienes les ha sido garantizada la protección internacional, para asegurar que reciben una protección adecuada.
  • El compromiso con la preservación de la unidad familiar de las familias solicitantes de asilo en la medida de lo posible, evitando la separación de los menores extranjeros acompañados de sus padres.
  • La promoción de la participación activa de los menores extranjeros en todas las iniciativas vinculadas con la mejora de su bienestar y la defensa de sus derechos fundamentales, a fin de garantizar su derecho a expresar sus opiniones libremente en todas aquellas materias que les incumben, en función de su edad y grado de madurez.
  • La implementación de procedimientos internos destinados a garantizar la responsabilización del personal laboral de la entidad con la defensa de los derechos de la infancia.
  • La garantía de que, en aquellos casos en los que se trabaja en partenariado, las organizaciones colaboradoras se responsabilizan del cumplimiento de los estándares mínimos de protección de la infancia en el seno de sus respectivas organizaciones.

Definiciones de acuerdo con las Naciones Unidas y con la Convención de los derechos de la infancia:

  • ‘infancia’, personas que se encuentran por debajo de la mayoría de edad y, en consecuencia, no son legalmente independientes, incluyendo a los adolescentes, siendo su mayoría de edad establecida a los 18 años, salvo que la legislación vigente determine una edad inferior.
  • ‘menores no acompañados’, menores extranjeros que no se encuentran acompañados por sus padres u otros adultos.
  • ‘solicitantes de asilo’, individuos que solicitan protección internacional, cuya solicitud no ha sido todavía resuelta por parte de las autoridades nacionales competentes.
  • ‘protección internacional’, acciones de la comunidad internacional -en base a la legislación internacional- con el fin de proteger los derechos fundamentales de una categoría específica de personas que han tenido que abandonar sus países de origen por haber sufrido persecución.

Nuestra política de protección de la infancia.

La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado desarrolla actividades dirigidas a mejorar la atención, acogida e inclusión social de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, trabajando por la restitución de los derechos humanos fundamentales que les han sido vulnerados y para combatir a las situaciones de desplazamiento forzado que han sufrido. Entre estas personas, nuestra organización se centra específicamente en las que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, tales como los menores extranjeros acompañados y no acompañados con necesidades de protección internacional.

Así pues, el propósito de la presente política de protección de la infancia es asegurar que todas las actividades vinculadas a la provisión de atención y acompañamiento especializado para menores extranjeros, tanto acompañados como no acompañados con necesidades de protección internacional, se basan en el respeto del interés superior del menor y sus derechos fundamentales. En este sentido, esta política ha sido aprobada por nuestra Junta Directiva y es de aplicación para todo el personal laboral y las personas voluntarias de la entidad.

En base a lo anterior, los principales propósitos de esta política son:

  • Garantizar que todos los miembros de nuestra Junta Directiva, equipo profesional y personas voluntarias de nuestra organización mantienen un comportamiento ético para con los menores extranjeros acompañados y no acompañados, así como que sus acciones se encuentran guiadas por una política de ‘tolerancia cero’ ‘ hacia la violencia y el abuso contra los niños.
  • Asegurar que todos los programas y proyectos desarrollados por nuestra organización que cuenten con la implicación de menores extranjeros acompañados y no acompañados están diseñados para identificar y prevenir cualquier posible riesgo de maltrato, daño o abuso directo y/o indirecto hacia estos menores. Asimismo, se toma en consideración que los riesgos mencionados anteriormente pueden variar dependiendo del caso particular de cada menor y, en consecuencia, los medios para abordar cada situación también pueden diferir.
  • Asegurar que los menores extranjeros no acompañados que reciben asesoramiento jurídico por parte de nuestra organización, así como a los menores extranjeros acompañados que son acogidos en nuestros recursos residenciales son debida y claramente informados de sus derechos, así como protegidos de cualquier tipo de discriminación, abuso o daño, independientemente de su etnia, cultura, género, orientación sexual y/u otras causas.

Las medidas de protección de la infancia previstas por la presente política.

Medidas de planificación y evaluación de riesgos a implementar para proteger los derechos de la infancia.

La CCAR tiene un firme compromiso con el diseño e implementación de Programas y Proyectos centrados en la salvaguarda de los derechos de los niños. Por este motivo, en el momento de planificar nuevas propuestas de intervención, nuestra organización desarrolla evaluaciones específicas dirigidas a identificar potenciales riesgos para los niños, tanto directos como indirectos. En base a las anteriores evaluaciones, si algunos de los riesgos identificados son demasiado elevados y no pueden ser mitigados, el proyecto será interrumpido, previa consulta con la Junta Directiva de la entidad.

Nuestras medidas de rendición de cuentas.

En relación con nuestras medidas de responsabilización y rendición de cuentas en defensa de los derechos de los niños, la CCAR desarrolla procesos internos de evaluación de nuestras políticas de protección a la infancia vinculadas a cada uno de los Programas y/o Proyectos en los que se desarrollan tareas que impliquen contacto directo con menores acompañados y/o no acompañados. Esta autoevaluación se basa en la elaboración de formularios estandarizados por cada Proyecto y/o Programa, que son cumplimentados por parte de los y las profesionales encargados de su ejecución. Los anteriores formularios se diseñan tomando en consideración lo estipulado en el manual ‘Keeping Children Safe Child Safeguarding Standards

Nuestras medidas vinculadas a la gestión de los recursos humanos.

La presente política de protección de la infancia se dirige al conjunto de los miembros de la Junta Directiva de la CCAR, así como al equipo profesional y al conjunto de las personas voluntarias que colaboran con la organización. Se inicia en la fase de contratación y se mantiene durante el conjunto del período en el que las personas mantienen una relación laboral o de voluntariado con la entidad, dado que deben cumplir con los estándares establecidos en los procedimientos internos de atención y acogida de personas solicitantes de asilo y refugiadas, entre las cuales especialmente los y las menores de edad. Paralelamente, estas personas deben disponer de su certificado de delitos de naturaleza sexual.

Asimismo, el conjunto del personal laboral de la CCAR se compromete a:

  • Respetar el interés superior del menor como principio rector en cualquier situación.
  • Limitar todas las situaciones en las que los menores extranjeros acompañados y no acompañados puedan encontrarse en riesgo de maltrato, abuso o explotación.
  • Informar debidamente a cada menor extranjero no acompañado y acompañado (y en el caso de estos últimos y cuando proceda, a sus padres) sobre sus derechos en relación con el procedimiento de asilo.
  • Respetar la unidad familiar de los menores extranjeros acompañados.
  • Respetar la intimidad de los y las menores y promover su participación en cualquier asunto que les afecte directamente.
  • Recibir siempre el consentimiento previo por parte de los padres/tutores legales de los y las menores cuando se hagan fotografías o vídeos que involucren a los mismos, en el marco de cualquier actividad o proyecto desarrollado por la organización.

Persona de contacto: Jorge Montiel Jarillo – Director en funciones – Teléfono: +34933012539

English version

Catalan Commission for Refugees: Child Protection Policy

Introduction to the Catalan Commission for Refugees.

Our organisation.

The Catalan Commission for Refugees (hereinafter CCAR) is a non-governmental organisation founded in 2004. The main goal of the CCAR is to protect forcibly displaced individuals in need of international protection who are seeking asylum in Catalonia (Spanish region).

Our main mission is to ensure the protection of the right to asylum and refugees’ rights, as well as the protection of immigrants’ rights. Therefore, we provide comprehensive assistance and reception services for asylum seekers and refugees in Catalonia, focusing on promoting their autonomy and inclusion, especially at the local level.

We describe ourselves as a humanitarian, independent, plural and voluntary organization. Our values are the respect and commitment to justice, solidarity, freedom, equality, independence, plurality and transparency.

In order to be able to accomplish these goals, we manage different programmes that aim to give a global and comprehensive response to the difficulties found in the migration process. Therefore, we develop this task through two main areas of action:

  1. Assistance and reception of asylum seekers, refugees and immigrants through social, legal and occupational programmes.
  2. Protection of asylum seekers’, refugees’ and immigrants’ rights through social and political advocacy and participation activities.

CCAR has a duty through its staff and volunteers to protect forcibly displaced individuals, and specifically those in more vulnerable situations, such as children and young people with whom they are in contact from any kind of abuse or the risk to suffer it.

CCAR works directly with refugee’ families that are hosted in the reception facilities managed by the organisation, as well as with their children. Also, through our lawyers we provide forcibly displaced people with legal assistance concerning the Spanish asylum procedure. Among this collective, our organisation specifically provides legal assistance for unaccompanied alien children and young people under 18 years old seeking for asylum in Catalonia, in collaboration with the Catalan government.

Our commitment towards the protection of children.

In its daily work with accompanied and unaccompanied alien minors in need of international protection, CCAR is committed towards the defence of the best interest of the child and the promotion of the access to the right to asylum for accompanied and unaccompanied alien minors in need of international protection in Catalonia. Thus, our actions are governed by the following principles:

  • The commitment with the protection of the best interest of the child.
  • The protection of children from any cruel, inhuman or degrading treatment as well as any other violation of their fundamental human rights.
  • The guarantee of non-discrimination of children based on their race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, birth, disability or for other causes, as stated in the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 2).
  • The commitment with the defence of unaccompanied or accompanied children seeking for asylum and or being granted international protection to ensure that they receive appropriate protection.
  • The commitment with the preservation of the unity of asylum seeker families as far as possible, avoiding accompanied children from being separated from their parents.
  • The promotion of the active participation of alien children in all the initiatives related to the improvement of their well-being and the defence of their fundamental rights, in order to guarantee their right to express their views freely in all matters affecting them, in accordance with their specific age and maturity.
  • The implementation of internal procedures in order to guarantee that the professional staff perform their tasks focusing on the defence of the rights of the children.
  • To ensure, when working with partners, that they have a responsibility towards the accomplishment of minimum standards concerning the protection of children within their organisations.

Definitions, in accordance with the United Nations and the Convention on the Rights of the Child:

  • ‘children’ means persons who are below the legal age of majority and are therefore not legally independent, including adolescents, being the age of majority eighteen, unless the applicable law sets a lower age.
  • ‘unaccompanied children’ means children who are not accompanied by their parents or another adult.
  • ‘asylum seeker’ means an individual who is seeking international protection, and whose claim has not yet finally decided on by the country in which it has been submitted.
  • ‘international protection’ means the actions by the international community -on the basis of international law- aiming to protect the fundamental rights of a specific category of persons outside their countries of origin, who are not been nationally protected by their countries of origin.

Our Children protection policy.

The Catalan Commission for Refugees develops activities aimed to improve the care, reception and social inclusion of asylum seekers and refugees, providing them with restitution from the human rights violations and forced displacement they have suffered. Among them, our organisation focuses specially on those individuals who are in more vulnerable situations and at risk of social exclusion, such as unaccompanied and accompanied alien minors in need of international protection.

Thus, the aim of our Child Protection Policy is to ensure that all the activities related with the provision of specialised assistance and care for unaccompanied and accompanied alien children and youngsters in need of international protection are based on the respect of the best interest of the child and their fundamental human rights. In this sense, this policy has been approved by our Management Board and it applies to all our professional staff as well as our volunteers.

Based on the foregoing, the main purposes of this policy are:

  • To guarantee that all the members of our Management Board, professional staff and volunteers from our organisation maintain an ethical behaviour towards the accompanied and unaccompanied alien minors and their actions are guided by a ‘zero tolerance’ towards child violence and abuse policy.
  • To ensure that all the Programs and Projects developed by our organisation in which unaccompanied and accompanied alien minors are involved are designed to identify and prevent all possible risks of direct or indirect mistreatment, harm and/or abuse towards those children and youngsters. Also considering that those risks may vary depending on the child and, as we provide them with individualised assistance, the means of addressing them may also differ.
  • To assure that unaccompanied alien minors in need of international protection whom are legally assessed by our organisation as well as accompanied alien minors hosted in our reception facilities are duly and clearly informed about their rights and are also protected from any kind of discrimination, abuse or harm, irrespective of their ethnicity, gender, sexuality, culture or other causes.

Child protection measures envisaged in this policy.

Our risk assessment and planning measures to be implemented in order to protect children’s rights.

CCAR has a strong commitment to design and implement Programs and Projects focused on the safeguard of the rights of the children. Therefore, when planning new proposals our organisation conducts specific assessments aimed to identify potential direct or indirect risks for children. Based on the aforementioned assessments, if some of the identified risks are too high and they can not be mitigated, after consulting with the Management Board, the Project will not be further developed.

Our accountability measures.

Concerning the accountability measures, the CCAR conducts a self-assessment of their Child Protection Policy measures for every Program or Project that implies direct work with accompanied or unaccompanied children. This self-assessment is based on the elaboration of a standardized template for each Project and/or Program, that will be filled by the professional team in charge of their development. The aforementioned template is designed taking into account the what is stipulated in the Keeping Children Safe Child Safeguarding Standards document.

Our measures related to human resource management.

This Child Protection Policy addresses to all the members of CCAR’s Management Board, the professional staff and the volunteers working or collaborating with the organisation. Starting from the recruitment phase as well as during the whole period in which they work or collaborate as volunteers with the CCAR, they must comply with our standardized internal reception and assistance procedures for asylum seekers and refugees, and among them notably children. In addition, they all must present their Certificate of Sexual Offences.

All the staff members of CCAR are obliged and supposed to:

  • Respect the best interest of the child as a leading principle in all situations.
  • Limit all situations in which unaccompanied and accompanied foreign children could be at risk of mistreatment, abuse or exploitation.
  • Duly inform every unaccompanied and accompanied alien minor (or when applicable, their parents) about their rights concerning the asylum procedure.
  • Respect the unity of the family for those accompanied alien minors.
  • Respect the confidentiality of the child as well as promote their participation in any matter concerning them.
  • Receive always previous consent from the parents/guardians when taking photos or videos involving children within any activity or project developed by the organisation.

Contact person:

Jorge Montiel Jarillo – Deputy Director – Phone number: +34933012539

 

 

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Seminario online: Desplazadas por el género: desplazamientos forzados por motivos de género en contextos de conflictos armados

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Comunicado de los programas de protección para personas defensoras de los derechos humanos del Estado español

Ante la emergencia por el COVID 19

Los Programas de Protección para personas defensoras de derechos humanos del Estado español abajo firmantes, ante la crisis sanitaria generada a nivel mundial por la COVID-19 y la gestión política de la misma, queremos manifestar nuestra preocupación por el agravamiento en la situación de riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y colectivos.

Previamente a la declaración de los estados de emergencia y alarma para paliar los efectos de la pandemia, el mundo ya vivía inmerso en una crisis sistémica que ha generado degradación ambiental, violencia contra las mujeres y profundas desigualdades económicas y sociales, entre otras cuestiones graves. La crisis sanitaria de la COVID-19 tiene, por tanto, mayores impactos en las poblaciones en situación de vulnerabilidad y precariedad, entre las que se encuentran las personas que defienden los derechos humanos. Las organizaciones, colectivos y comunidades con las que trabajamos en diferentes regiones y países nos trasladan un empeoramiento en sus condiciones de vida digna y segura debido, entre otras cuestiones, a que: – El cerco mediático en torno a la crisis sanitaria está generando una invisibilización de los asesinatos, amenazas y hostigamientos que continúan sufriendo las personas defensoras. – La situación de confinamiento está generando un aumento de las crisis humanitarias que ya padecían muchas comunidades y un aumento de la vulnerabilidad de líderes y lideresas sociales, que se convierten en “objetivos fáciles” al no poder cambiar de ubicación, como venían haciendo antes de la pandemia como estrategia de seguridad y protección de su vida. En Colombia, donde, según datos de Indepaz, se reportan un total de 84 líderes y lideresas sociales asesinadas en la que va de año hasta el 24 de abril (17 durante el periodo de confinamiento) así como 24 personas firmantes de paz (5 de ellas durante la pandemia), se está produciendo una disminución de las medidas de protección por parte del Estado. Además, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblo negro han exigido al Gobierno Nacional y a los grupos armados no estatales un cese bilateral al fuego, ya que su presencia en estos territorios genera riesgos adicionales que pueden afectar su derecho a la vida y a la integridad física, acceso a la alimentación y a la salud. Han aparecido panfletos firmados por estos grupos armados imponiendo bajo amenaza las medidas de aislamiento preventivo. En HondurasEl Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México la violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos no ha cesado durante la cuarentena decretada el 23 de marzo. Sigue habiendo situaciones muy preocupantes de ataques a la población civil por parte de grupos del crimen organizado y funcionarios públicos en represalia contra quienes resisten frente a la construcción de megaproyectos y por la defensa del medio ambiente en sus territorios. En abril fueron asesinadas 5 personas defensoras y al menos 2 periodistas en cumplimiento de su labor. La impunidad sobre estos casos alcanza el 99%. El Mecanismo de Protección Federal se encuentra superado por la situación de violencia. Ante esta situación, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas emitieron en marzo un comunicado en el que se instaba a los Estados a que las medidas implementadas para paliar los efectos de la pandemia no fueran utilizadas para silenciar a las personas defensoras de derechos humanos3. En abril, el mismo organismo emitió un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un “enfoque cooperativo, global y basado en los derechos humanos”4. Las organizaciones de la sociedad civil y las Administraciones Públicas que coordinamos Programas de Protección en el Estado español nos unimos a este llamamiento y SOLICITAMOS a los Gobiernos, las Administraciones Públicas y los titulares de obligaciones correspondientes – Que la limitación de las libertades individuales y colectivas de la población no supongan un aumento de la militarización de los territorios, del control social o de la persecución y represión de activistas y líderes sociales. – Que se investiguen y lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos cometidas durante la crisis de la COVID-19. – Que se mantenga una interlocución directa con los colectivos, especialmente aquellos que se en encuentran en situación de mayor riesgo, como es el caso de las comunidades rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes), mujeres defensoras y personas LGTBI, pactando conjuntamente con ellas las medidas específicas de protección e incorporando así sus saberes y sus experiencias en la defensa de la vida. – Que se tomen medidas para proteger la salud de las presas y presos políticos, quienes, en muchos casos, se están enfrentando a situaciones de hacinamiento y de insalubridad que ponen en mayor riesgo su vida. Estado español, 29 de abril de 2.020 FIRMANTES
  • Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia
  • Giza eskubideen defendatzaileak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegoan babesteko Programa / Programa Vasco de Protección Temporal para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y CEAR-Euskadi).
  • Programa Català de Protecció a defensors i defensores dels Drets Humans / Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Generalitat de Catalunya y Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat).
  • Programa municipal Barcelona protegeix periodistes de Mèxic/Barcelona protege a periodistas de México (Ajuntament de Barcelona y Taula per Méxic).
  • Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia y CEAR-País Valencià).
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Información sobre las medidas adoptadas por la Secretaría de Estado de Migraciones ante el COVID-19

 

Qué pasa con los trámites iniciados antes del estado de alarma? Cómo se pueden tramitar las renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo ahora? Qué pasa con el sistema de acogida en el actual contexto? La respuesta a estas y otras dudas se pueden consultar en guía que ha publicado la Secretaría de Estado de Migraciones para resolver las preguntas más frecuentes que se presentan en el actual estado de alarma.

Podéis consultar el documento a continuación

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Encuentro con Edda Pando, activista por los derechos de los persones migradas en Italia

 

El lunes 1 de abril, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) organizó un encuentro con Edda Pando, presidenta de la organización italiana Todo cambia (que lleva más de 15 años implicada en la defensa de los derechos de las personas migradas y refugiadas en Italia) y el Eje de Migraciones de la Fede.cat. Pando trabaja con las familias de las personas desaparecidas en el mar y en el análisis de las consecuencias de la externalización de la gestión fronteriza.

La activista, que estos días se encuentra a Barcelona invitada por el programa Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos, denunció el genocidio que implica la pérdida constante de vidas en el Mediterráneo, que ya se contabilizan por miles. ‘Hay un plan estratégico que diseña el accionar de la Unión Europea en cuanto a las fronteras. Tenemos los 30.000 desaparecidos al mar Mediterráneo, sin contabilizar los casos que no se conocen. ¿Esto qué es? ¿Un incidente, un fenómeno?’, se preguntó. La organización de Pando habla de la desaparición forzada de estas personas porque se produce con la participación en la gestión fronteriza de varios estados, según la definición de la Convención Internacional sobre Desapariciones forzadas.

Todo cambia trabaja actualmente con un grupo de familias de personas desaparecidas en el Mediterráneo en 2012 e intenta visibilizar su lucha. Son más de 500 familias que no han podido hacer el proceso de luto, que no tienen una tumba para visitar ni un certificado que documente la muerte de los suyos, con todas las dificultades que esto supone, como no poder heredar los bienes de la persona, no poder acreditar la viudez y no poder volver a casarse nunca, entre otros.

Para apoderarlos, ayudar a su conocimiento y reconocimiento mutuo, la organización ha posado en contacto diferentes grupos de familias de personas desaparecidas. ‘Muchas de ellas eran amas de casa, gente que no se preocupaba de la migración. No son activistas, no tienen redes, falta ayuda para que se constituyan líderes entre los familiares’, explicó Pando, que defiende la necesidad que las migradas hablen por sí mismas y se constituyan en sujeto de su propio discurso.

El pasado domingo 31 de marzo se inauguró la 8.ª edición del programa Ciudades defensoras de los Derechos Humanos, que esta edición de primavera invita, además de a Pando, a cinco personas que actúan como activistas en diferentes países y realizarán durante toda la semana actividades de sensibilización a 11 municipios.

El programa Ciudades defensoras de los Derechos Humanos, que gestiona la CCAR junto con otras entidades e instituciones, empezó en 2013 con el objetivo de sensibilizar, más allá de los titulares, sobre las causas de los conflictos que provocan las vulneraciones a los derechos humanos y animar a la ciudadanía de los municipios catalanes a convertirse en defensora de estos derechos. En el programa participan 26 municipios, con el apoyo de 10 instituciones y entidades.

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8 datos escalofriantes después de 8 años de guerra en Siria

¿Te imaginas que en tus primeros ocho años de vida solo hubieras podido vivir en un país en guerra? ¿O que hubieras tenido que abandonar tu hogar junto a más de la mitad de la población de tu país? Esto es hoy Siria, un infierno para quienes todavía continúan huyendo y para quienes no pueden ni huir.
El 15 de marzo de 2011 está reconocido oficialmente como el inicio de la guerra en Siria, una de las más cruentas e inhumanas desde la II Guerra Mundial. Desde entonces, el contador de muertes violentas, personas desplazadas internamente, refugiadas en otros países, desapariciones forzosas y violaciones indiscriminadas no ha parado de crecer hasta dejar unos datos escalofriantes. Detrás de cada una de ellas hay historias de vida interrumpidas, sueños rotos y familias que solo quieren vivir en paz.
1. Más de 500.000 personas habrían perdido la vida bajo las bombas y las masacres indiscriminadas de todas las partes. En 2018 hubo en Siria al menos 20.000 muertes violentas, el menor número desde que empezó el conflicto, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. A pesar de esto, cerca de 1.106 niños y niñas murieron durante los combates en Siria en 2018, el año más mortífero para los pequeños desde que se inició la guerra, según UNICEF.
2. Un niño o niña sirio de ocho años no sabe el que es vivir en paz, salvo que haya podido huir y encontrar refugio en un país seguro en el cual se garanticen sus derechos. Según Save The Children, hasta cuatro millones solo han vivido en un país en guerra y más de la mitad de todos los menores sirios vive en áreas sin acceso a los servicios básicos y a la ayuda humanitaria. Alrededor de 2,1 millones no asiste al colegio y un tercio de las escuelas han sido ocupadas o utilizadas para finalidades militares.
3. Más de 6,5 millones de personas sirias están registradas como refugiadas en otros países, principalmente en Turquía (más de la mitad), Líbano, Jordania, Alemania, Irak y Egipto. Representan un tercio de la población refugiada en todo el mundo, según datos de ACNUR a mitad del año 2018. Continúa siendo el principal país de origen de las personas refugiadas en el mundo, más del doble que el siguiente, Sudán del Sur. En los primeros seis meses de 2018 se registraron más de 228 mil nuevos refugiados de Siria, la mayoría de ellos en Turquía. La cifra de niños y niñas sirios nacidos como refugiados llega ya al millón.
4. Si se suman las más de 6,2 millones de personas desplazadas forzosamente de sus hogares dentro de Siria, el resultado es que más de la mitad de la población ha tenido que huir para salvar sus vidas. A comienzos de 2019, en los campos de refugiados próximos a la frontera con Jordania, continuaban en unas situaciones penosas, con frío severo, falta de asistencia médica, defunción de menores…
5. Aunque la violencia activa disminuye parcialmente, el conflicto continúa. Algunas partes en conflicto como el propio gobierno sirio, con el apoyo de Rusia, llaman al retorno de las personas refugiadas. Sin embargo, poco más de 42.000 personas volvieron a Siria en 2018 y el 85% de las encuestadas no tenían intención de devolver, según el último informe de Regional Refugee and Resilience Plan. Siria ha aprobado regulaciones para facilitar la reconstrucción después del retorno, aunque esto coexiste con las continuas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales. Persiste el matrimonio precoz, el trabajo infantil, la falta de acceso a la escuela…El proceso político de Ginebra que trata de avanzar las negociaciones sobre el conflicto sirio continúa en punto muerto. ACNUR ha advertido a los gobiernos sobre el riesgo que los retornos se produzcan violando el derecho internacional.
6. Desde que se inició el conflicto en Siria, España ha recibido 18.250 solicitudes de asilo de personas sirias. A pesar de ser una de las nacionalidades con mayor reconocimiento de protección internacional, el Gobierno impuso el visado de tráfico a las personas procedentes de Siria, lo cual ha impedido que puedan llegar a nuestro país sin tener que arriesgar sus vidas. De hecho, continúa siendo una de las principales nacionalidades de las personas rescatadas y muertas en el Mediterráneo. El año pasado 2.775 solicitaron protección internacional en España. De un total de 1.980 resoluciones, 1.835 fueron favorables.
7. A finales de agosto de 2018, más de 90.000 personas estaban en situación de desaparición forzosa, la mayoría bajo la responsabilidad de las autoridades gubernamentales, según Human Rights Watch.
8. Alrededor de 11.700.000 personas necesitan asistencia humanitaria. La financiación internacional de la respuesta humanitaria para el conflicto sirio continúa siendo insuficiente. Sin embargo, Europa destina más de 3.000 millones de euros al hecho que Turquía impida a los refugiados mayoritariamente de este país a cruzar el Egeo.