Previamente a la declaración de los estados de emergencia y alarma para paliar los efectos de la pandemia, el mundo ya vivía inmerso en una crisis sistémica que ha generado degradación ambiental, violencia contra las mujeres y profundas desigualdades económicas y sociales, entre otras cuestiones graves. La crisis sanitaria de la COVID-19 tiene, por tanto, mayores impactos en las poblaciones en situación de vulnerabilidad y precariedad, entre las que se encuentran las personas que defienden los derechos humanos. Las organizaciones, colectivos y comunidades con las que trabajamos en diferentes regiones y países nos trasladan un empeoramiento en sus condiciones de vida digna y segura debido, entre otras cuestiones, a que: – El cerco mediático en torno a la crisis sanitaria está generando una invisibilización de los asesinatos, amenazas y hostigamientos que continúan sufriendo las personas defensoras. – La situación de confinamiento está generando un aumento de las crisis humanitarias que ya padecían muchas comunidades y un aumento de la vulnerabilidad de líderes y lideresas sociales, que se convierten en “objetivos fáciles” al no poder cambiar de ubicación, como venían haciendo antes de la pandemia como estrategia de seguridad y protección de su vida. En Colombia, donde, según datos de Indepaz, se reportan un total de 84 líderes y lideresas sociales asesinadas en la que va de año hasta el 24 de abril (17 durante el periodo de confinamiento) así como 24 personas firmantes de paz (5 de ellas durante la pandemia), se está produciendo una disminución de las medidas de protección por parte del Estado. Además, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblo negro han exigido al Gobierno Nacional y a los grupos armados no estatales un cese bilateral al fuego, ya que su presencia en estos territorios genera riesgos adicionales que pueden afectar su derecho a la vida y a la integridad física, acceso a la alimentación y a la salud. Han aparecido panfletos firmados por estos grupos armados imponiendo bajo amenaza las medidas de aislamiento preventivo. En Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México la violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos no ha cesado durante la cuarentena decretada el 23 de marzo. Sigue habiendo situaciones muy preocupantes de ataques a la población civil por parte de grupos del crimen organizado y funcionarios públicos en represalia contra quienes resisten frente a la construcción de megaproyectos y por la defensa del medio ambiente en sus territorios. En abril fueron asesinadas 5 personas defensoras y al menos 2 periodistas en cumplimiento de su labor. La impunidad sobre estos casos alcanza el 99%. El Mecanismo de Protección Federal se encuentra superado por la situación de violencia. Ante esta situación, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas emitieron en marzo un comunicado en el que se instaba a los Estados a que las medidas implementadas para paliar los efectos de la pandemia no fueran utilizadas para silenciar a las personas defensoras de derechos humanos3. En abril, el mismo organismo emitió un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un “enfoque cooperativo, global y basado en los derechos humanos”4. Las organizaciones de la sociedad civil y las Administraciones Públicas que coordinamos Programas de Protección en el Estado español nos unimos a este llamamiento y SOLICITAMOS a los Gobiernos, las Administraciones Públicas y los titulares de obligaciones correspondientes – Que la limitación de las libertades individuales y colectivas de la población no supongan un aumento de la militarización de los territorios, del control social o de la persecución y represión de activistas y líderes sociales. – Que se investiguen y lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos cometidas durante la crisis de la COVID-19. – Que se mantenga una interlocución directa con los colectivos, especialmente aquellos que se en encuentran en situación de mayor riesgo, como es el caso de las comunidades rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes), mujeres defensoras y personas LGTBI, pactando conjuntamente con ellas las medidas específicas de protección e incorporando así sus saberes y sus experiencias en la defensa de la vida. – Que se tomen medidas para proteger la salud de las presas y presos políticos, quienes, en muchos casos, se están enfrentando a situaciones de hacinamiento y de insalubridad que ponen en mayor riesgo su vida. Estado español, 29 de abril de 2.020 FIRMANTES

• Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia
• Giza eskubideen defendatzaileak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegoan babesteko Programa / Programa Vasco de Protección Temporal para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y CEAR-Euskadi).
• Programa Català de Protecció a defensors i defensores dels Drets Humans / Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Generalitat de Catalunya y Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat).
• Programa municipal Barcelona protegeix periodistes de Mèxic/Barcelona protege a periodistas de México (Ajuntament de Barcelona y Taula per Méxic).
• Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia y CEAR-País Valencià).

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