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La CCAR presenta los datos del décimo informe de la CEAR sobre la situación de las personas refugiadas en España

El décimo informe de CEAR sobre la situación de las personas refugiadas en España demuestra que la responsabilidad de protección de las personas refugiadas recae sobre los países menos desarrollados.

Actualmente, más de 47,3 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado. Ante este hecho, los países de la Unión Europea, España incluida, están implementando políticas de control de los flujos migratorios, que dificultan la llegada de personas refugiadas a territorio europeo.
 

Durante el 2011 se constató un aumento de las solicitudes de asilo. En EE.UU. es donde se registraron más solicitudes, con 74.020, y en los países europeos de nuestro entorno se percibe un aumento generalizado, donde destacan; Francia con 51.910, Alemania con 45.740 e Italia con 34.120.
Una de las razones del incremento de solicitudes de asilo en Europa es el espectacular aumento de solicitantes de origen tunecino y libio, en un 769% (de 910 en 2010 a 7.907 al 2011) y un 365% (de 823 a 3.825) respectivamente, para el conjunto de países industrializados. Otro aumento significativo es el de las personas originarias de Costa de Marfil, con un incremento del 180%, pasando de 1.852 solicitantes a 5.192.
A pesar de la situación mundial y el aumento de solicitudes, el control de fronteras, en la UE, ha aumentado. De hecho, el mar Mediterráneo es uno de los puntos donde el control de fronteras se intensificó, justamente para intentar frenar la llegada de personas refugiadas de Túnez y Libia a las costas italianas.
El escaso número de concesiones del estatuto de refugiado y de la protección subsidiaria actúa como elemento disuasorio en el momento de elegir España como destino. Si se compara con el número de solicitudes del resto de países Europeos, España ocuparía actualmente la posición número 13, cayendo a la posición 24 si la comparación se hace por millón de habitantes.
En cuanto a Cataluña, de las 3414 solicitudes de asilo que se registraron en España en 2011, 267 –aproximadamente el 7.8%- se han solicitado en Cataluña. Si tenemos en cuenta la comparación a nivel de provincias dentro del estado Español, Barcelona ocuparía la tercera posición después de Madrid y Ceuta. Tarragona caería a la posición 16, y Lleida y Girona ocuparían los lugares 33 y 35 respectivamente.
Los recortes en las políticas sociales han supuesto un verdadero retroceso, tanto en el ejercicio como en la garantía de los derechos sociales y económicos. En cuanto a la política social dirigida al colectivo, es de resaltar que se han mantenido las garantías a la fase inicial de la llegada en España, poniendo a su alcance un sistema de acogida en varios puntos del territorio español para un periodo que oscila entre los 12 y los 18 meses. No obstante, una vez han abandonado estos dispositivos de acogida, se está demostrando una clara incapacidad por parte del estado, para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad del colectivo. Una muestra de este hecho es que a finales de marzo de 2012, justo antes del cierre de este informe, el Consejo de Ministros presentó los Presupuestos Generales del Estado donde, a la práctica, desaparecía el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes.
Informe 2012