La Comisión Catalana de Ayuda al refugiado (CCAR) lamenta la sentencia del TEDH e insiste en la ilegalidad de las ‘devoluciones en caliente’

Barcelona, 14/02/20.- La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) señala que la sentencia conocida ayer de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre el caso de dos jóvenes expulsados melillenses en 2014 no tiene que tomarse como un espaldarazo legal a las ‘devoluciones en caliente’ e insiste a denunciar la ilegalidad de estas prácticas.

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que intervino como ‘tercera parte’ en la demanda junto a otras entidades, la sentencia es desalentadora, pero no tiene que entenderse como un apoyo legal general a las expulsiones colectivas, sobre todo teniendo en cuenta que la Gran Sala justifica su decisión en el hecho que estas personas podrían haber solicitado asilo en el puesto fronterizo de Melilla, a pesar de que ninguna persona de origen subsahariano ha podido acceder a este lugar desde su creación.

La organización destaca que la imposibilidad de solicitar asilo en una embajada para ser trasladado a territorio español es de conocimiento público. La ley de Asilo recoge la posibilidad de pedir protección a una embajada; pero este recurso solo ha sido aplicado en casos contados y muy excepcionales. Además, las autoridades españolas no garantizan una política de visados efectiva en materia laboral, tal como justifica la Gran Sala, lo cual supone un preocupante desconocimiento de la realidad migratoria en la frontera sur-europea.

“Desde CCAR nos parece una sentencia decepcionante. Se ha perdido una oportunidad para marcar los límites en las zonas fronterizas de Europa y garantizar los derechos fundamentales de las personas que llegan en busca de la protección internacional o por migración forzada. En el horizonte próximo, nos queda confiar en la decisión pendiente del Tribunal Constitucional y que se establezca la inconstitucionalidad de estas prácticas, que dejan en papel mojado la normativa internacional en materia de asilo. En el ámbito europeo continuaremos luchando para revertir esta sentencia”, destaca la Anna Figueras, responsable del área Jurídica de la CCAR.

Estas prácticas incumplen, desde hace años, de manera sistemática la normativa internacional, europea y española, van en contra del derecho internacional de pedir asilo y ponen en riesgo a las personas que se han visto obligadas a huir.

Una lucha de 6 años

En octubre de 2017, el TEDH condenó a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Mali y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014. Según el Tribunal, esta devolución supuso una violación del Protocolo 4 y del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al tratarse de una expulsión colectiva sin posibilidad efectiva de recurso judicial. Se trató de la primera vez que esta instancia se pronunciaba respecto a este tipo de expulsiones desde Ceuta y Melilla en el Marruecos. Una sentencia que ha rectificado ahora la Gran Sala.

En 2015, el Gobierno aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, con la cual pretendió dar cobertura legal a estas devoluciones. Desde entonces CEAR ha continuado denunciando la ilegalidad de las mismas y ha reunido hasta el día de hoy más de 7.300 firmas personales y 166 adhesiones de organizaciones y entidades en contra de este tipo de prácticas.

Actualmente, muchas personas -especialmente subsaharianas- son expulsadas de manera colectiva de nuestro país sin recibir asistencia de un intérprete o de un abogado y sin tener la posibilidad efectiva de solicitar asilo. Las autoridades españolas están aplicando el concepto de ‘frontera flexible’ que creó Jorge Fernández Díaz cuando estaba al frente del ministerio del Interior en la anterior legislatura del PP. Así, argumentan que las expulsiones en caliente son ‘rechazos en frontera’.