La tragedia de los migrantes de Ceuta, lamentable desprecio hacia la vida humana
06/02/2015
La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado se suma a Amnistía Internacional y CEAR exigiendo que se investigue la tragedia del Tarajal “para que no pueda repetirse”. Descarga el manifiesto aquí
En el aniversario de la muerte de al menos 14 migrantes en la frontera ceutí recordamos a las víctimas y reclamamos que se respeten los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla.Con las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), junto con Andando Fronteras, Coordinadora de Barrios, Red Acoge y SOS Racismo, queremos recordar hoy a las, al menos, 14 personas que murieron ahogadas hace un año tratando de llegar nadando en la playa del Tarajal (Ceuta).En el acto, celebrado frente al Templo de Debod en Madrid, se depositan quince rosas en memoria de las catorce personas muertas, y otra desaparecida, en una concertina, símbolo según las entidades de “una política migratoria que no respeta los derechos de las personas migrantes y refugiadas”.El hecho que las autoridades españolas no hayan investigado debidamente la ofegament de 14 migrantes frente a la costa ceutí después de que la Guardia Civil utilizara contra ellos material antiavalots de forma desproporcionada pone de relieve el lamentable desprecio hacia la vida humana que impera en las frontera de España con Marruecos, han sostenido ambas organizaciones en el aniversario de la tragedia.“Un año después de este trágico incidente, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la investigación ha sido ralentizada”, afirmó María Serrano, portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional.
Hace hoy un año 200 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de África Subsahariana intentaron llegar a Ceuta a través de la Playa del Tarajal. Al menos 14 de ellos murieron en su intento de llegar hasta la playa nadando mientras miembros de la Guardia Civil española dispararon con pelotas de goma, gas lacrimógeno y munición de salva para impedir su llegada. Según informes sobre los hechos, otra mujer murió después del incidente, aunque nunca se encontró su cuerpo.
En un primer momento se negó desde el Gobierno el uso de material antidisturbios. Después de las imágenes aparecidas con posterioridad sobre el material empleado, el Ministro del Interior reconoció este uso, aunque afirmó que se había evitado llegar a las personas que estaban en el mar. Sin embargo, según testimonios de los supervivientes, algunos de ellos fueron tocados con pelotas de goma cuando estaban en el agua y el gas lacrimógeno lanzado por la Guardia Civil los causó serias dificultades de visión y respiración.
El Congreso votó en contra de la propuesta de crear una comisión parlamentaria para investigar el incidente. Aunque en febrero de 2014 se abrió una investigación judicial sobre las muertes, la jueza se apoya en el mismo cuerpo policial, la Guardia Civil, que está siendo investigado y que dirigió la operación con resultados fatales el año pasado. Hasta hoy la investigación no ha sido exhaustiva, rápida ni imparcial.
La jueza de instrucción no recogió información vital, como la identidad de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, después de que las ONG cuestionaran su inacción ante los tribunales.
“Un año después apenas se ha avanzado en la investigación para conocer a los responsables de las muertes del Tarajal. Las víctimas de esta tragedia y sus familias merecen algo más que excusas y evasivas. Tienen derecho a conocer el #suceder”, afirmó Patricia Fernández, miembro de la Coordinadora de Barrios.
Expulsiones sin proceso: España incumple la ley
Además de las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la expulsión sumaría en el Marruecos de un grupo de 23 personas que consiguieron llegar a la Playa del Tarajal supuso una violación de normas internacionales de derechos humanos vinculantes para España.
Estas personas fueron devueltas de forma sumaría en el Marruecos sin que se los diera la oportunidad de pedir asilo o recorrer contra la expulsión. En lo referente a esto el Ministerio del Interior alegó que las devoluciones eran compatibles con la legislación española y con las obligaciones internacionales de España porque los migrantes no habían cruzado la frontera española.
Sin embargo, resulta indudable que las personas afectadas fueron expulsadas de territorio español, pues llegaron a la playa del Tarajal y se encontraban bajo jurisdicción española cuando fueron detectadas por la Guardia Civil española.
“Esta devolución sumaría vulneró de forma flagrante las obligaciones españolas, europeas e internacionales en materia de derechos humanos y derecho de asilo. No fue la primera ni tampoco la última. Este tipo de prácticas han continuado periódicamente durante todo el año pasado”, añadió Estrella Galán, Secretaria General de CEAR.
Cerca de 95.000 firmas contra las devoluciones en caliente
El Senado estudia actualmente modificar la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, sin ninguna salvaguardia procesal. El Ministerio del Interior ha declarado que, de adoptarse estas enmiendas, aprobaría el uso de material antiavalots para realizar estas devoluciones.
“En lugar de corregir una práctica que persigue impedir cueste el que cueste que personas refugiadas y migrantes entren a España devolviendo ilegalmente a quienes llegan, el gobierno está buscando fórmulas para legalizar las devoluciones sumarias y el uso desproporcionado de la fuerza para sellar sus fronteras”, defendió Estrella Galán.
Como muestra de oposición a esta reforma, y después del acto en recuerdo a las víctimas del Tarajal, Amnistía Internacional y CEAR entregan en el Senado casi 95 000 firmas ciudadanas recogidas en las campañas #PortazoAlGobierno y estohayquecortarlo.org
“La legalización de las devoluciones en caliente violaría claramente las obligaciones internacionales asumidas por España y pondrían más vidas en peligro. El Senado no puede dar cobertura legal a una práctica claramente ilegal”, concluyó María Serrano.
Información adicional
La tragedia del Tarajal no es el único caso en el cual se ha cuestionado la actuación de agentes a la frontera. En diciembre de 2012, cerca de la costa de Lanzarote, una lancha de la Guardia Civil colisionó con una patera con cerca de 25 migrantes a bordo, con el resultado que uno de ellos resultó muerto y seis más desaparecieron. Con Amnistía Internacional y CEAR lamentamos la lentitud de las investigaciones y los escasos avances en el esclarecimiento de las muertes y de la actuación de la Guardia Civil.
Así mismo, existe una causa abierta contra el Jefe de la Guardia Civil melillense por las “devoluciones en caliente” que tuvieron lugar el 18 de junio y 13 de agosto del pasado año a la frontera de la Ciudad Autónoma, y en las cuales además se denuncia que agentes marroquíes entraron en territorio español.
Hace hoy un año 200 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de África Subsahariana intentaron llegar a Ceuta a través de la Playa del Tarajal. Al menos 14 de ellos murieron en su intento de llegar hasta la playa nadando mientras miembros de la Guardia Civil española dispararon con pelotas de goma, gas lacrimógeno y munición de salva para impedir su llegada. Según informes sobre los hechos, otra mujer murió después del incidente, aunque nunca se encontró su cuerpo.
En un primer momento se negó desde el Gobierno el uso de material antidisturbios. Después de las imágenes aparecidas con posterioridad sobre el material empleado, el Ministro del Interior reconoció este uso, aunque afirmó que se había evitado llegar a las personas que estaban en el mar. Sin embargo, según testimonios de los supervivientes, algunos de ellos fueron tocados con pelotas de goma cuando estaban en el agua y el gas lacrimógeno lanzado por la Guardia Civil los causó serias dificultades de visión y respiración.
El Congreso votó en contra de la propuesta de crear una comisión parlamentaria para investigar el incidente. Aunque en febrero de 2014 se abrió una investigación judicial sobre las muertes, la jueza se apoya en el mismo cuerpo policial, la Guardia Civil, que está siendo investigado y que dirigió la operación con resultados fatales el año pasado. Hasta hoy la investigación no ha sido exhaustiva, rápida ni imparcial.
La jueza de instrucción no recogió información vital, como la identidad de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, después de que las ONG cuestionaran su inacción ante los tribunales.
“Un año después apenas se ha avanzado en la investigación para conocer a los responsables de las muertes del Tarajal. Las víctimas de esta tragedia y sus familias merecen algo más que excusas y evasivas. Tienen derecho a conocer el #suceder”, afirmó Patricia Fernández, miembro de la Coordinadora de Barrios.
Expulsiones sin proceso: España incumple la ley
Además de las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la expulsión sumaría en el Marruecos de un grupo de 23 personas que consiguieron llegar a la Playa del Tarajal supuso una violación de normas internacionales de derechos humanos vinculantes para España.
Estas personas fueron devueltas de forma sumaría en el Marruecos sin que se los diera la oportunidad de pedir asilo o recorrer contra la expulsión. En lo referente a esto el Ministerio del Interior alegó que las devoluciones eran compatibles con la legislación española y con las obligaciones internacionales de España porque los migrantes no habían cruzado la frontera española.
Sin embargo, resulta indudable que las personas afectadas fueron expulsadas de territorio español, pues llegaron a la playa del Tarajal y se encontraban bajo jurisdicción española cuando fueron detectadas por la Guardia Civil española.
“Esta devolución sumaría vulneró de forma flagrante las obligaciones españolas, europeas e internacionales en materia de derechos humanos y derecho de asilo. No fue la primera ni tampoco la última. Este tipo de prácticas han continuado periódicamente durante todo el año pasado”, añadió Estrella Galán, Secretaria General de CEAR.
Cerca de 95.000 firmas contra las devoluciones en caliente
El Senado estudia actualmente modificar la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, sin ninguna salvaguardia procesal. El Ministerio del Interior ha declarado que, de adoptarse estas enmiendas, aprobaría el uso de material antiavalots para realizar estas devoluciones.
“En lugar de corregir una práctica que persigue impedir cueste el que cueste que personas refugiadas y migrantes entren a España devolviendo ilegalmente a quienes llegan, el gobierno está buscando fórmulas para legalizar las devoluciones sumarias y el uso desproporcionado de la fuerza para sellar sus fronteras”, defendió Estrella Galán.
Como muestra de oposición a esta reforma, y después del acto en recuerdo a las víctimas del Tarajal, Amnistía Internacional y CEAR entregan en el Senado casi 95 000 firmas ciudadanas recogidas en las campañas #PortazoAlGobierno y estohayquecortarlo.org
“La legalización de las devoluciones en caliente violaría claramente las obligaciones internacionales asumidas por España y pondrían más vidas en peligro. El Senado no puede dar cobertura legal a una práctica claramente ilegal”, concluyó María Serrano.
Información adicional
La tragedia del Tarajal no es el único caso en el cual se ha cuestionado la actuación de agentes a la frontera. En diciembre de 2012, cerca de la costa de Lanzarote, una lancha de la Guardia Civil colisionó con una patera con cerca de 25 migrantes a bordo, con el resultado que uno de ellos resultó muerto y seis más desaparecieron. Con Amnistía Internacional y CEAR lamentamos la lentitud de las investigaciones y los escasos avances en el esclarecimiento de las muertes y de la actuación de la Guardia Civil.
Así mismo, existe una causa abierta contra el Jefe de la Guardia Civil melillense por las “devoluciones en caliente” que tuvieron lugar el 18 de junio y 13 de agosto del pasado año a la frontera de la Ciudad Autónoma, y en las cuales además se denuncia que agentes marroquíes entraron en territorio español.
