La CCAR condena el uso de las cuchillas y exige su retirada de las vallas de Ceuta y Melilla
26/11/2013
El uso de las cuchillas atenta contra la integridad física y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, siendo contrario al Estado de Derecho y al Derecho Internacional de Derechos Humanos. La CCAR hace un llamamiento para que se tenga en cuenta que gran parte de las personas que tratan de llegar a España por esta vía, son susceptibles de recibir protección internacional, huyendo de conflictos y de violación de derechos humanos en sus países de origen.
La CCAR condena la instalación de las llamadas concertinas, alambres con cuchillas, en las vallas de Ceuta y Melilla por considerarla una medida inhumana y contraria al Estado de Derecho por atentar contra la integridad física y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Además de tratarse de una medida inútil que no disuadirá de los saltos a la valla, fruto de la desesperación, y que sólo contribuirá a aumentar el dolor y el sufrimiento de personas migrantes y refugiadas.
El endurecimiento de las políticas de fronteras en Europa contra la inmigración irregular y el flujo de personas refugiadas hacia el continente, con el aumento de los dispositivos de vigilancia, control, coerción y criminalización en detrimento de la protección de los derechos humanos, no han conseguido evitar la llegada de cientos de personas desesperadas. Al contrario, han aumentado el sufrimiento y los riesgos a que se ven sometidastantas y tantas personas a las que no queda otra opción que jugarse la vida en el mar o en las vallas huyendo de la violencia, los conflictos, la miseria y la explotación, como demostró la cercana tragedia de Lampedusa.
Estas cuchillas ya fueron retiradas en 2007 por el Ministerio del Interior debido a las terribles consecuencias de su uso, pues se constató la gravedad de las lesiones que producían a las personas que intentaban saltar la valla. En su momento fueron condenadas por el Defensor del Pueblo y numerosas organizaciones de derechos humanos españolas e internacionales. Hoy 7 años después, vuelven a ser condenadas por múltiples organizaciones e instituciones, incluido el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Niel Muiznieks, para quién la reinstalación de las cuchillas afecta negativamente a los derechos humanos y sólo consiguen aumentar los peligros que corren las personas migrantes. Esta medida no sólo es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos por la que vela el Consejo de Europa, sino también contraria a la propia Constitución Española, que en su artículo 15 vela por el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas, “sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
La CCAR exige la retirada inmediata de las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, y la aplicación de políticas más humanas y realistas en la gestión de los flujos de personas migrantes y refugiadas. Las fronteras no pueden ser espacios sin ley ajenos al Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos, mientras que las políticas de gestión de los flujos migratorios deben cambiar su orientación exclusivamente coercitiva y disuasoria en favor de medidas más efectivas de cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos en los países de tránsito y origen.
Por todos estos motivos la CCAR condena que el control de fronteras se realice a costa de violar los Derechos Humanos.
La CCAR condena la instalación de las llamadas concertinas, alambres con cuchillas, en las vallas de Ceuta y Melilla por considerarla una medida inhumana y contraria al Estado de Derecho por atentar contra la integridad física y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Además de tratarse de una medida inútil que no disuadirá de los saltos a la valla, fruto de la desesperación, y que sólo contribuirá a aumentar el dolor y el sufrimiento de personas migrantes y refugiadas.
El endurecimiento de las políticas de fronteras en Europa contra la inmigración irregular y el flujo de personas refugiadas hacia el continente, con el aumento de los dispositivos de vigilancia, control, coerción y criminalización en detrimento de la protección de los derechos humanos, no han conseguido evitar la llegada de cientos de personas desesperadas. Al contrario, han aumentado el sufrimiento y los riesgos a que se ven sometidastantas y tantas personas a las que no queda otra opción que jugarse la vida en el mar o en las vallas huyendo de la violencia, los conflictos, la miseria y la explotación, como demostró la cercana tragedia de Lampedusa.
Estas cuchillas ya fueron retiradas en 2007 por el Ministerio del Interior debido a las terribles consecuencias de su uso, pues se constató la gravedad de las lesiones que producían a las personas que intentaban saltar la valla. En su momento fueron condenadas por el Defensor del Pueblo y numerosas organizaciones de derechos humanos españolas e internacionales. Hoy 7 años después, vuelven a ser condenadas por múltiples organizaciones e instituciones, incluido el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Niel Muiznieks, para quién la reinstalación de las cuchillas afecta negativamente a los derechos humanos y sólo consiguen aumentar los peligros que corren las personas migrantes. Esta medida no sólo es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos por la que vela el Consejo de Europa, sino también contraria a la propia Constitución Española, que en su artículo 15 vela por el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas, “sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
La CCAR exige la retirada inmediata de las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, y la aplicación de políticas más humanas y realistas en la gestión de los flujos de personas migrantes y refugiadas. Las fronteras no pueden ser espacios sin ley ajenos al Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos, mientras que las políticas de gestión de los flujos migratorios deben cambiar su orientación exclusivamente coercitiva y disuasoria en favor de medidas más efectivas de cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos en los países de tránsito y origen.
Por todos estos motivos la CCAR condena que el control de fronteras se realice a costa de violar los Derechos Humanos.
