La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) exige una respuesta de acuerdo con los derechos humanos en Grecia

La organización reclama al Gobierno español que, en la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos exteriores y del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, promueva una respuesta solidaria teniendo en cuenta el principio de responsabilidad compartida, el respecto del derecho de asilo y de los derechos humanos.

Mientras tanto, CEAR ha trasladado hoy al Ejecutivo español y en el Congreso de los Diputados su preocupación por la grave situación a la frontera greco-turca, donde miles de personas migradas y refugiadas han quedado atrapadas sin posibilidad de pedir asilo, siendo víctimas de graves episodios de violencia y ha recordado al Gobierno y al resto de autoridades europeas que, aunque los estados tienen derecho a controlar sus fronteras, este control siempre tiene que hacerse en el marco del respecto de los derechos humanos y sin uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Ante la suspensión del derecho de asilo anunciada por el gobierno griego, CCAR quiere resaltar que no existe base legal en la normativa europea e internacional para suspender este derecho y justificar devoluciones que pueden contravenir el “principio de no devolución” establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Además, la organización destaca que se han documentado casos de falta de respuesta en el rescate de embarcaciones en el mar Egeo, lo cual además de poner en grave peligro las vidas de estas personas, contraviene la normativa internacional.

‘Es inadmisible que se vulnere de manera grave el derecho de asilo en las fronteras de la Unión Europea, y que se actúe de manera tan opuesta a los mínimos estándares de respeto a los derechos humanos, golpeando y aterrorizando a adultos y niños. Las personas que intentan entrar en Grecia tienen derecho al asilo. Y los estados de la Unión Europea tienen que responder a esto de manera conjunta, facilitando que las solicitudes de asilo puedan presentarse en todos los estados miembro. Es urgente dar una respuesta coordinada y solidaria, y facilitar la distribución por todo el territorio de la UE de todas las personas que acceden por la frontera griega a territorio europeo’, denuncia Miguel Pajares, presidente de la CCAR.

Decisión europea

La CCAR apunta a que la medida invocada por el gobierno griego, por la que justifica la suspensión del derecho de asilo, no puede ser adoptada de manera unilateral, puesto que el Tratado de Funcionamiento de la UE determina que “si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta en el Parlamento Europeo”.

Según la entidad, la situación límite a la cual se ha llegado es una de las consecuencias del acuerdo de la Unión Europa con Turquía, firmado en 2016 y denunciado por la organización. Turquía es el país del mundo en el cual viven más personas refugiadas, muchas de las cuales se encuentran en graves situaciones de desprotección. La UE tiene que asumir su responsabilidad y no focalizar únicamente su política en la externalización de fronteras con el objetivo que las personas necesitadas de protección no alcancen territorio europeo.